Entrevista reveladora entre Lucio Hernández de Crónica del Campo y Juan Ramón Rodríguez Marín, Director General de Agricultura del Gobierno de Canarias, parte 1: En esta charla, Juan Ramón Rodríguez Marín profundiza en la situación del sector del plátano, que ha sufrido gravemente a raíz de la erupción volcánica. Resalta la incertidumbre que han enfrentado los agricultores desde que se implementó la ayuda por la pérdida de rentas de la campaña 2021-2022. En las primeras etapas de la crisis, el Gobierno español destinó más de 30 millones de euros para mitigar las pérdidas, pero surgieron inconvenientes con los anticipos, ya que algunos agricultores recibieron más de lo que realmente les correspondía debido a un error en la aplicación de las normativas. Rodríguez Marín aclara que la compensación se calculó según la producción promedio y los precios de referencia, pero un aumento inesperado en los precios durante la campaña llevó a la administración a solicitar la devolución de montos a algunos beneficiarios. Este error provocó controversia y críticas, especialmente porque muchos agricultores en el Valle de Aridane padecieron pérdidas significativas a causa de la erupción. El Director General también indica que, aunque el gobierno anterior no manejó el asunto de forma adecuada, el actual ha estado trabajando para encontrar soluciones legales que eviten injusticias. No obstante, la falta de apoyo financiero por parte del Gobierno español para la recuperación agrícola ha sido frustrante, a pesar de las promesas de asistencia. Otro tema que genera intensos debates entre los agricultores afectados por el volcán es la pérdida de ingresos para quienes tienen sus tierras cubiertas por lava. Rodríguez Marín menciona que, ante esta problemática, el Gobierno de Canarias ha decidido destinar parte de su presupuesto anual de 50 millones de euros a brindar apoyo a los afectados. En marzo de 2024, se asignaron inicialmente 10 millones de euros para compensar las pérdidas de ingresos, y se anticipa una segunda ayuda de 6,5 millones a través del Cabildo para finales de este mismo año. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la falta de financiación continua del Estado ha dejado a muchos sin el respaldo necesario para su recuperación. El Director General recuerda que a finales de 2024, representantes del sector platanero se reunieron con el comisionado de reconstrucción de La Palma, presentando una propuesta innovadora para compensar el «kilo improductivo». Esta idea fue bien recibida, generando esperanzas de avanzar en la solución de las pérdidas sufridas. No obstante, a pesar de las múltiples reuniones y la colaboración entre el Cabildo y la comunidad autónoma, no se han conseguido fondos adicionales. La situación se ha vuelto aún más crítica, ya que ASEPALMA ha solicitado apoyo al Gobierno para abordar la pérdida de ingresos con la Secretaria de Estado de Agricultura. A pesar del interés mostrado por la comunidad autónoma, el ministerio ha indicado que no considera necesario tratar este tema, ignorando así las urgentes necesidades de los agricultores. El ministerio, que cuenta con 10 millones de euros del presupuesto prorrogado de 2023 para financiar el primer Plan de Desarrollo Rural (PDR), aún no ha liberado esos fondos para el próximo año para La Palma. Esto ha agudizado la incertidumbre y la angustia de una población que sigue enfrentando las consecuencias de la erupción. Juan Ramón Rodríguez Marín enfatiza: «Es evidente que el Gobierno de España ha desatendido a los afectados por la catástrofe, centrándose en la rehabilitación de infraestructuras, mientras que la realidad económica de numerosas familias sigue siendo alarmante. La falta de recursos está tensionando no solo la economía familiar, sino también la local, creando un panorama de desamparo». Ante esta situación, es fundamental que la comunidad y sus representantes continúen presionando para que se reconozcan y se atiendan las necesidades urgentes del sector agrícola. La colaboración entre el Gobierno de Canarias, el sector agrícola y el Congreso es esencial para ejercer la presión necesaria y garantizar que se asignen los recursos adecuados a quienes más los necesitan. La lucha por la justicia económica y la dignidad de los agricultores de La Palma sigue, y no se puede permitir que queden rezagados en la recuperación de sus vidas y tierras. Marín concluye afirmando que se seguirá insistiendo en la necesidad de compensaciones justas para todos los afectados, subrayando la importancia de la colaboración entre el Gobierno de Canarias, el sector agrícola y el Gobierno central para encontrar una solución a este problema persistente.